GANADERÍA VACUNA, ECOLOGÍA Y SALUD

Cambio climático: pocos más responsables que muchos y muchos más vulnerables que pocos 

La responsabilidad de los países industrializados en el aumento de la temperatura y el cambio del clima del planeta es muy superior a la de los países en desarrollo, así como la industria ganadera local es mucho más responsable que los pueblos indígenas, los campesinos y los sectores populares, los más vulnerables ante los eventos climáticos extremos.   

Los indígenas Ayoreo de la comunidad Chaidi, a unos kilómetros de Filadelfia, en el Chaco, son acosados por las topadoras de las grandes empresas ganaderas que deforestan sus bosques ancestrales. Foto de Diego Rivas.

Es junio de 2019 y la fuerte lluvia golpea el techo de chapa del pequeño refugio de Sara Gaona, construido de forma improvisada en medio de la plaza Japón de Asunción. La joven madre, oriunda de uno de los barrios populares de los bañados, cuenta que es la tercera vez en cinco años que la crecida del río Paraguay inunda su calle y le obliga a abandonar su casa con toda su familia. Otras catorce mil familias viven el mismo calvario.

Dos años más tarde –2021–, el pescador Claudio Domínguez trabaja duramente en la playa del pueblo sureño de Ayolas, departamento de Itapúa; intenta sacar los pocos pececitos que quedan en las escasas aguas del Paraná, el otro gran río del país, cuyo caudal ha caído al nivel más bajo de su historia.

Aunque las dos emergencias ambientales citadas arriba son opuestas, comparten una misma causa: son la cara visible del cambio climático en Paraguay, el país sudamericano más vulnerable ante este fenómeno global. La intensificación de los eventos extremos del ciclo de los dos ríos es uno de los síntomas del desequilibrio mundial de las temperaturas y la deforestación regional, según los expertos.

Un informe del Banco Mundial prevé que el cambio climático –producido por la emisión antropogénica de gases de efecto invernadero (GEI)– continuará golpeando el país, con fuertes aumentos de temperatura, olas de calor, lluvias e inundaciones.

Sin embargo, no todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad ni de vulnerabilidad, tanto a nivel internacional como nacional: de la misma forma que no se puede comparar Paraguay con Estados Unidos, una comunidad indígena nómada vulnerable en extremo no puede ser comparada con el poderoso sector ganadero, el mayor emisor de GEI del país.

Surge entonces la pregunta: ¿es posible mitigar la tragedia que ya provoca el cambio climático y lograr una justicia climática que tenga en cuenta estas desigualdades?

“Responsabilidades comunes pero diferenciadas”

No todos los países contribuyen de la misma forma al cambio climático. Según el Global Carbon Project, apenas 23 países ricos e industrializados han producido la mitad de las emisiones históricas. En cambio, el otro 50% proviene de 150 naciones.  

Por su parte, Paraguay ha emitido menos del 0,01% de las emisiones generadas desde el comienzo de la revolución industrial y actualmente produce el 0,09% de las emisiones anuales a nivel planetario.

“A nivel mundial, los mayores emisores son Estados Unidos y China: están en otro lado. Latinoamérica, muy poquitito. África, menos”, dice Veronique Gerard, oficial del Programa de Desarrollo Sustentable del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Paraguay.

Estas características de Paraguay como país con bajas emisiones históricas y alta vulnerabilidad ante el cambio climático –producto de su situación mediterránea y dependencia en el sector agroganadero– son factores determinantes en sus políticas climáticas. El Estado paraguayo dice que busca fortalecer el desarrollo del país, priorizando la adaptación ante el cambio climático en lugar de la mitigación de las emisiones.

De todas formas, Paraguay sí se ha comprometido a mitigar sus emisiones en un 10% para el 2030 –y otro 10% bajo ciertas condiciones– como parte del Acuerdo de París del 2015, un pacto internacional para limitar el aumento global de la temperatura a dos grados centígrados regido por el concepto de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.

Cenizas tras el incendio o la quema del pastizal de un establecimiento ganadero en San Bernardino. Muchos ganaderos siguen practicando el método del rosado para producir pastura.

La deuda climática

Como muchas otras naciones, Paraguay enfatiza que, como producto de su contaminación histórica, los países industrializados deben apoyar las medidas de adaptación y mitigación de países en desarrollo para lograr la justicia climática.

“La planificación, preparación y acción climática son costosas y riesgosas, por lo cual es esencial el financiamiento climático y la movilización de los flujos financieros de países desarrollados hacia países en desarrollo”, reza la posición nacional de Paraguay ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), el encuentro de los 193 firmantes del Acuerdo del París realizado en 2021.

A pesar de la firma de compromisos internacionales, los países industrializados no han cumplido plenamente con esta responsabilidad financiera. Hasta hoy no abonaron los 100.000 millones de dólares para la adaptación y mitigación de los países en desarrollo, un compromiso que asumieron en un acuerdo del 2009. Durante la COP26, reafirmaron su intención de proveer estos fondos.    

Sin embargo, existen críticas sobre el otorgamiento e implementación de los fondos internacionales.

Por ejemplo, Paraguay recibirá 50 millones de dólares del programa REDD+ del Fondo Verde para el Clima por reducciones en sus emisiones de GEI durante el periodo 2015-17. No obstante, el Estado paraguayo reconoció que no pudo demostrar el vínculo entre estas reducciones y sus políticas. De igual forma, el presidente Mario Abdo Benítez habló de la concesión de estos fondos como un logro del Estado: potencialmente una forma de “lavado verde” que puede tapar el verdadero impacto de sus políticas ambientales. Sarah Lilian Burns, profesora de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se mostró escéptica sobre esta clase de proyectos.  

“Desafortunadamente, desde mi punto de vista, la mayoría de estos proyectos no llegan más allá de los discursos vagos de los responsables políticos y de los consultores, y no consiguen generar beneficios económicos tangibles para las comunidades locales ni empoderar a los actores locales”, dijo Burns.

Intereses y cambio climático

A pesar de las declaraciones del Estado sobre su compromiso con la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de la justicia climática internacional, se generan dudas sobre su voluntad de buscar soluciones que beneficien a toda la sociedad paraguaya.

Luis Recalde, ingeniero agrónomo y asesor en gestión ambiental, notó que, durante la COP26, la delegación paraguaya promovió principalmente los intereses del sector agroganadero, el que más emisiones produce en Paraguay.

“La postura nacional [ante la COP26] está muy sesgada hacia un grupo socioeconómico que fue a representarse y obviamente fue a representar sus intereses”, dijo Recalde, aludiendo a la industria ganadera local.

En 2017, la ganadería fue la causa del 37% de las emisiones provenientes de la deforestación –denominada “cambio de uso de suelo”–, que es el origen de la mayor parte de las emisiones de CO2, el principal GEI. El Instituto Forestal Nacional (Infona) calcula que el 20% de esta deforestación en el Chaco se realiza de forma ilegal. Además, el hato de 14 millones de cabezas de ganado vacuno produce el 30% del metano del país, el segundo GEI que más calor absorbe de la atmósfera después del dióxido de carbono.

Los representantes del sector ganadero negaron en principio el fenómeno del cambio climático. Ahora cambiaron de posición y expresan escepticismo. Hína habló con tres de sus representantes: todos declararon que dudan de que el fenómeno sea real.

“Yo tengo mis dudas respecto al aumento de la temperatura del planeta y el cambio climático”, dijo Alfred Fast, presidente de la Mesa Paraguaya de Carne Sustentable.

La influencia de este sector negacionista en la política del Estado preocupa. Una fuente de la Unión Europea afirmó que el lobby del sector agroganadero casi logró bloquear la participación de Ariel Oviedo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la COP26 para que solamente los representantes del agronegocio participaran en la conferencia. Solo la presión diplomática de Estados Unidos logró revertir esta intención.

Otra señal de la disminuida importancia que el Estado le da a las políticas climáticas es el bajo presupuesto del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). Tiene apenas el 1% del Presupuesto General de la Nación y es el segundo más bajo de todos los ministerios, casi diez veces menor que el del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Injusticia climática a nivel nacional

Las altas emisiones del sector ganadero son responsabilidad de una pequeñísima parte de los propietarios de establecimientos. Según el Censo Agropecuario del 2008, 8.259.698 (78,7%) de las 10.496.641 cabezas de ganado vacuno y búfalos (insignificantes en cantidad) del país estaban concentradas en 10.709 grandes propiedades ganaderas de más de 200 hectáreas.

Un promedio del 80% de los 14 millones de cabezas de ganado están concentrados en manos de los grandes empresarios de la ganadería intensiva.

Esto significa que este reducido grupo es el que más contribuye al cambio climático global en Paraguay. Además, es el que más fuertemente amenaza la biodiversidad, los territorios indígenas y crea desequilibrios en los ciclos de los ríos, suelos y climas locales.

Sin embargo, los sectores más vulnerables de la sociedad paraguaya ante el cambio climático no son los grandes terratenientes, sino los indígenas, campesinos y personas de escasos recursos: justamente los que menos contribuyen al cambio climático. También son los sectores que menos apoyo reciben cuando pierden sus casas o trabajos como resultado de los fenómenos climáticos. Se estima que cada familia pierde 13 millones de guaraníes durante una inundación en Asunción.

Javier Dávalos, líder de la comunidad chaqueña de San José Esteros del pueblo nivaclé, dijo que no reciben apoyo del Estado para lidiar con una aguda escasez de agua.

Inundación por el desborde del río Paraguay en un barrio del Bañado Tacumbú de Asunción. Las crecidas del río, que dejan miles de damnificados, serán cada vez más frecuentes. Foto de William Costa.

“Un pozo artesiano nos permitiría conseguir agua debajo de la tierra. Pero el Estado nunca piensa así para que las comunidades tengan pozos. Solicitamos muchas veces, pero no están haciendo su trabajo ni el Indi ni la Gobernación de Boquerón”, dijo.

Además, los programas estatales de mitigación de GEI tampoco reflejan las responsabilidades y vulnerabilidades de los distintos sectores. Por ejemplo, el programa de pagos por servicios ambientales del Mades, que busca darles fondos a los dueños de áreas boscosas para evitar la deforestación, casi no incluye a las comunidades indígenas.

Esto es sorprendente, dado que aproximadamente el 20% de la biomasa que queda en el Chaco paraguayo se encuentra en los territorios indígenas, según Matthias Baumann, investigador de la Universidad Humboldt de Berlín.

De las 452 transferencias de pagos por servicios ambientales realizadas desde 2016 hasta abril de 2021, una sola transferencia de 59.471.900 guaraníes fue destinada a una comunidad indígena. En cambio, las empresas ganaderas reciben montos multimillonarios: por ejemplo, el ganadero Remigio Villamayor recibió 3.974.605.200 guaraníes como parte del esquema en 2018. Fundaciones ecologistas también han recibido importantes fondos. Con la crisis del cambio climático en aumento, es imprescindible que el Estado paraguayo busque la justicia climática a nivel internacional y nacional. Las familias desplazadas, los pequeños pescadores y las comunidades indígenas esperan.

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