“La salud mental no se aborda solamente con hospitales y medicamentos”
La atención a la salud mental en Paraguay es precaria e inaccesible
Con menos de 1 % del presupuesto del Ministerio de Salud Pública destinado a la Dirección de Salud Mental, sin un programa de prevención de suicidios en un país donde hay casi dos suicidios por día y sin una política clara, el Estado paraguayo abandona a su suerte a las personas con discapacidad psicosocial.
Escribe: Norma Flores Allende Fotografía: Alejandra Gómez
Elisa (25) tiene episodios de ansiedad desde la adolescencia. Su primera experiencia con un profesional de salud mental fue cuando sus padres le llevaron a consultar con una psicóloga y esta le mandó a rezar. Años más tarde, ya en la juventud, la depresión comenzó a manifestarse con cada vez más fuerza. Trabajar y estudiar le eran cada vez más difíciles por lo que tuvo que iniciar la odisea de encontrar atención a su salud. El primer obstáculo fue el económico. Pagar los honorarios de la atención privada le fue insostenible; los horarios tampoco se ajustaban a su realidad. No tuvo opción más que someterse a la hostilidad del sistema público.
Como cualquier trabajadora, Elisa está ocupada de lunes a sábados durante más de 8 horas diarias. Pedir permiso para acudir a una consulta psicológica o psiquiátrica es impensable en el ámbito laboral, debido al alto prejuicio predominante, por lo que Elisa al principio tuvo que recurrir a explicaciones como “problemas familiares” para sortear las largas horas de espera en el sistema público, renuentes a la realidad de una persona trabajadora. Pero lo difícil no fue solamente acceder a la información de en dónde podría consultar, sino, sobre todo, con quién. En una ocasión, en tan solo una primera consulta, una profesional minimizó su problema de salud diciéndole que lo suyo era tan sólo una cuestión de actitud. Tiempo después, la depresión demostró no ser un simple problema de voluntad.
El testimonio de Elisa es uno de incontables pacientes. A pesar de las grandes dificultades que enfrenta, ella es consciente de que los obstáculos serían aún mayores si no tuviese un empleo, si viviese en una zona rural alejada de la capital, si no hablase castellano, si formase parte de la población LGBTI+, si perteneciese a algún pueblo indígena o fuese afrodescendiente. La posibilidad de contar con una sólida red comunitaria de apoyo y de haber accedido a cierto nivel educativo permitió a Elisa seguir resistiendo hasta encontrar a los profesionales adecuados. Fue una suerte ante la debilidad histórica del Estado en materia de salud. Un Estado de por sí devastado ante las condiciones de guerra que tuvo que sobrellevar en los momentos más álgidos de la crisis sanitaria de COVID-19.
Una pandemia que no se limita a la COVID-19 y que cuesta dinero del bolsillo
El panorama a nivel país demuestra un aumento de casos de diferentes tipos de violencia: las mujeres, la niñez y la adolescencia así como otras poblaciones vulnerabilizadas — como las personas trans, pueblos indígenas, campesinado— son las más afectadas. Por otro lado, en los últimos años está teniendo lugar una preocupante alza en la cifra de suicidios así como un mayor número de personas con discapacidad psicosocial. La crisis sanitaria asume una grave dimensión en materia de salud mental ante la que el Estado paraguayo no se encuentra preparado. Y los gastos nuevamente deben ser asumidos por las personas.
Salvo en el hiato 2008-2012, los paraguayos, según la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), asumen la realidad de uno de los sistemas de salud más desfinanciados del continente, con la consecuencia de uno de los más altos gastos de bolsillo en la región.
Peor aún, la salud mental pública recibe solo el 1 % del presupuesto de este sistema reconocido a nivel mundial por su debilidad. Como consecuencia, para acceder a una consulta psicológica y psiquiátrica los pacientes deben asumir costos que no se condicen con la realidad de un país cuyos habitantes sobreviven con un ingreso promedio de G. 1.404.000 (unos USD 205) por mes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto sin considerar que la pandemia disminuyó los ingresos de más del 70 % de los hogares paraguayos.
La atención a la salud mental en el sistema público no está exenta de costos. Las largas horas de espera, los gastos de traslados debido a las grandes distancias, la escasa y cara conectividad en el caso de servicios virtuales, los aranceles de las consultas, las gestiones para retirar medicamentos, así como la adquisición de los mismos en muchos casos, son realidades que alejan a las mayorías de la posibilidad de tratamiento.
Según la Dirección de Salud Mental del Ministerio, los costos mínimos son: consulta sicológica privada, 100.000 guaraníes, y la consulta siquiátrica privada, 250.000, mientras que el promedio mensual de gastos en medicamentos es de 100.000. El gasto mensual mínimo aproximado de una persona que acude a servicios de salud mental de bajo costo en el sector privado y que consume solo 1 medicamento asciende a 1.500.000 guaraníes.
La Dra. Cecilia Caniza, psiquiatra, y la Lic. Magalí Rojas, psicóloga clínica, coinciden en que muchos pacientes realizan el esfuerzo en consultar en el sector privado porque el sector público no da abasto. “Como hay tantos pacientes por día, el tiempo de consulta se tiene que reducir. Se tiene que practicar una medicina rápida, parecida a la medicina de guerra: saber qué es lo más urgente y qué es lo peor que se ve, por lo que no muchas veces se trata todo lo que se puede tratar y los tiempos entre una consulta y la otra son largos”, explica la Dra. Caniza. La Lic. Rojas añade que en los servicios públicos los pacientes tienen una gran dificultad para cambiar de profesional y/o de abordaje, además de que existe una gran precarización laboral de los profesionales de psicología que impacta en la calidez del trato, el tiempo entre sesiones, las intervenciones personalizadas, etc.
Si para recibir atención sanitaria, las personas trabajadoras en la capital y ciudades adyacentes a la misma deben enfrentar condiciones adversas para acceder a un derecho humano, las poblaciones vulnerabilizadas deben someterse a situaciones aún más difíciles.
Por ejemplo, en el caso de las poblaciones rurales alejadas de Asunción, la falta de atención a la salud mental es la norma. Alicia Amarilla, dirigente de CONAMURI, desde Repatriación, departamento de Caaguazú, a casi 200 km de la capital, es testigo de cómo las diferentes enfermedades mentales han ido en aumento en su localidad, y cómo los servicios de salud, a los que acuden contadas veces a la semana, se ven desbordados ante estos casos. “Tuve que acompañar a una compañera que colapsó por un problema de salud mental y aquí no pudo recibir atención por lo que tuvo que ir a Asunción. Y en Asunción está todo lleno. Tuvimos que recurrir a la prensa para que ella pueda ser atendida”, señala.
Ximena Rodríguez, encargada de salud mental en SOMOSGAY, explica que en el caso de personas LGBTI+, deben soportar la formación obsoleta y deficiente de profesionales, quienes en muchos casos todavía siguen estigmatizando las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. Ante la ausencia mayoritaria de profesionales competentes en el sector público, una opción es acudir a profesionales competentes del sector privado. “No hay intención desde el Estado en tener profesionales de salud mental capacitados para atender disidencias. Hay muy poca formación, y si la hay, es autogestionada”, denuncia Rodríguez.
Desde Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas, informan que la mayoría de las llamadas recibidas durante el 2020 en su servicio de atención telefónica Rohendu correspondían a necesidades de atención psicológica. Carolina Robledo, de dicha organización, explica que, si bien no existe una ley de salud mental en Paraguay, existen políticas, pero que en la realidad estas no se implementan. A la atención muy deficitaria en el sector público se suma además la discriminación en el caso de las personas LGBTI+ por lo que la única respuesta que pueden ofrecer las organizaciones es la vinculación con profesionales específicos que sí sean competentes.
Desde otras poblaciones vulnerabilizadas, como los afrodescendientes, César Chávez, vicepresidente del Grupo Tradicional San Baltazar de Kamba Cua, manifiesta que la comunidad afroparaguaya es una minoría poco atendida en cuanto a políticas públicas. “No existe ninguna institución que se encargue o se preocupe de los afroparaguayos en cuanto a salud se refiere”, denuncia.
Un Estado sin recursos para hacer frente a las necesidades de salud mental
La Dra. Mirtha Rodríguez, Directora de Salud Mental en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), admite que los obstáculos son múltiples porque, en primer lugar, la salud mental representa solamente una dirección dentro de una estructura burocrática como la del Ministerio. La funcionaria explica que su Dirección carece del rango jerárquico necesario, y no posee línea presupuestaria, además de que el sistema público de salud mental de por sí es altamente fragmentado, con servicios dependientes de diferentes instituciones, por lo que es difícil coordinar respuestas y directrices en esta realidad. La misma Dirección de Salud Mental tiene dificultades en acceder a estadísticas actualizadas de los diferentes servicios públicos. La falta de presupuesto incluso impide a la Dirección implementar un programa de prevención de suicidios, teniendo en cuenta el incremento considerable de casos y la existencia de una ley de prevención y atención de personas en riesgo de suicidio.
Datos del Ministerio de Salud revelan que en el 2020 hubo un total de 499 suicidios. La región con más víctimas fue Central, con 152. Asunción e Itapúa tienen 48. En casi todos los departamentos la mayoría de los fallecidos por suicidio son hombres.
De acuerdo con la Dra. Rodríguez, la pandemia impactó en la cantidad de recursos humanos necesarios disponibles en todo el país —como psicólogos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales— para hacer frente a los crecientes de casos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar, abuso de sustancias como alcohol, entre otras afecciones en auge en esta crisis sanitaria. Entre las causas de la merma en los números de profesionales disponibles se encuentran fallecimientos a raíz de la pandemia, jubilaciones, extensión del síndrome de burnout, y por último, la Dra. Rodríguez comenta un dato de no menor importancia: los suicidios cometidos por el mismo personal de blanco, encabezados por intensivistas, anestesiólogos y psiquiatras.
En la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) la magíster Delfina Lugo indica que en la pandemia de COVID-19 se ha dado un aumento de consultas de niños con rasgos autistas; sin embargo, muy pocos servicios del Estado cuentan con psiquiatras especializados en niños. Así mismo, la magíster Lugo señala que la atención a la salud mental en el sistema público debería ser transversal, ya que en muchos casos, cuando los usuarios manifiestan niveles de discapacidad psicosocial, son derivados a la Senadis, institución que carece de presupuesto y profesionales suficientes.
Hacia una ley de salud mental
La Dra. Mirtha Rodríguez, de la Dirección de Salud Mental, explica que si bien existen leyes como la de la prevención del suicidio o la que crea el Programa Nacional de Atención Integral a los Trastornos del Espectro Autista (PNAITEA), estas deberían estar comprendidas dentro de una ley marco de salud mental. Una ley de salud mental permitiría a su Dirección dejar de ser solamente administrativa y pasar a convertirse en una Dirección Nacional de Salud Mental y poder efectivamente coordinar los diferentes servicios públicos de salud mental existentes y contar con un presupuesto para implementar programas como el de prevención de suicidio. El proyecto de ley en cuestión se encuentra en trámite desde el año 2018.
Sin una ley y sin políticas
Mientras no exista una reforma sanitaria, quienes necesiten atención a la salud deben sortear numerosos obstáculos para dar con los profesionales adecuados y acceder a un tratamiento. El Ministerio de Salud dispone de un directorio con información de profesionales y horarios en el sistema público, y la Sociedad Paraguaya de Psicología dispone de dos directorios (uno de atención presencial y otro virtual) de profesionales psicólogos que realizan consultas privadas.
Cabe destacar que la Senadis emite un certificado de discapacidad, el cual puede ayudar a personas cuyas enfermedades les imposibiliten llevar a cabo actividades cotidianas a gestionar permisos de trabajo o diferentes ayudas del Estado. La magíster Delfina Lugo señala que más personas deben reconocer que la discapacidad no se limita a cuestiones motrices o físicas, sino que afecciones como la depresión, por ejemplo, deben ser reconocidas en mayor medida por la sociedad como enfermedades que provocan discapacidad.
La cuestión de clase en salud mental
Elisa hoy está mejor. Gracias a la atención que recibió en el Hospital de Clínicas y de una psicóloga de gran labor comunitaria, ella recuperó la funcionalidad y es capaz de seguir trabajando. Como paciente sabe que tuvo suerte y sabe de primera mano cuál es la enorme deuda del Estado paraguayo para con la salud biopsicosocial de sus habitantes. Su propia experiencia le confirma que una gran discriminación que todo paciente encuentra a la hora de buscar atención a la salud mental en Paraguay, tanto en el sistema público como en el privado, es la de clase. La primera barrera es el acceso a la información, disponible solo para personas con cierto nivel educativo. Luego, el sistema público discrimina por su inaccesibilidad, sus altos costos en tiempo y traslados, la falta de medicamentos; mientras que el sector privado lo hace con sus tarifas imposibles de pagar para la inmensa mayoría del país, y con precios prohibitivos de los medicamentos.
La pandemia ha traído otra pandemia, igual de fatal. La crisis sanitaria en materia de salud mental en Paraguay es innegable. La respuesta desde el Estado precarizado sigue siendo mayormente desigual y excluyente, primando la lógica de lucro del sector privado. Así es negado un derecho humano.
Este material fue publicado originalmente en el medio E’a en noviembre de 2021.
En el caso de alguna crisis, es importante pedir ayuda profesional. El Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, a través de la Dirección de Salud Mental, pone a disposición un directorio de profesionales en este enlace.
