OPINIONES Y ENSAYOS

Los enredos jurídicos que impiden recuperar las tierras usurpadas durante el stronismo

Paraguay es el país con la mayor desigualdad en la tenencia de la tierra en todo el planeta, de acuerdo con los datos del Banco Mundial. Los motivos se remontan a centurias, pero la última dictadura cívico-militar, la del general Alfredo Stroessner depuesto con el golpe del 2 y 3 de febrero de 1989, ha dejado como despreciable legado millones de hectáreas de tierras usurpadas por personas afines a dicho régimen.

El informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) —una profunda investigación sobre violaciones de derechos humanos durante el stronismo reunidos en 8 tomos y publicados en el 2008— concluyó que 7.851.295 hectáreas, más que el tamaño de un país como Panamá, fueron despojadas al Estado paraguayo durante casi 35 años de régimen. 

Desde ese entonces la Procuraduría General de la República (PGR), el organismo público encargado de velar por el patrimonio del Estado, no solo no ha obtenido resultados en recuperar estas tierras, sino que ha perdido pleitos judiciales contra personas beneficiadas ilegalmente con aquellas tierras públicas. 

* Este artículo es la primera parte de la miniserie “Tierras malhabidas en el pantano judicial” escrita en conjunto con E’a mediante la Alianza periodística de medios nativos digitales sobre las tierras malhabidas en Paraguay. La segunda parte está en este enlace de E’a.

Una legalización de robos al Estado durante una dictadura cívico-militar

E’a y Hína intentaron infructuosamente hablar con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan Rafael Caballero, para conocer el detalle de los casos judiciales llevados a cabo por el ente que preside. “El procurador por ahora no dará entrevista sobre el tema, porque aún estamos en proceso de revisión de los casos. Espero que sepan comprender”, indicó, Angie Agüero la directora de prensa de la Procuraduría General de la República (PGR). 

“Y la verdad que son documentos delicados que están siendo revisados”, explicó Agüero. La sombra de la dictadura más larga de Sudamérica continúa proyectándose en el presente, empañando unos papeles inaccesibles para la ciudadanía. La transparencia encontró en estos papeles una frontera infranqueable.

El proceso de revisión de casos, tal como lo califica la funcionaria, inició tras el 2008, con la publicación del informe de la CVJ.  Al 2022, es decir, catorce años después, el Estado aún no ha obtenido resultados. Según una declaración realizada por el procurador al diario Última Hora, 18 procesos duermen el sueño eterno en la Procuraduría. A esto se suman los cinco casos perdidos en juicios. 
Con la salvedad de la recuperación de las calles ocupadas en Asunción por la mansión de Alfredo Hugo “Freddy” Stroessner, uno de los hijos del general Stroessner, el propio Estado no puede siquiera rescatar por la vía judicial las tierras que le pertenecían y que le fueron usurpadas durante 35 años de dictadura.

Hína y E’a pudieron acceder  a un documento interno de la PGR. Este documento concluye que el marco legal existente limita al Estado paraguayo tener éxito en los litigios por las tierras malhabidas

El texto de la PGR argumenta varios motivos por los que sería inutil recurrir a instancias judiciales para recuperar el robo de tierras públicas; sería casi en vano: la prescripción de los casos por el paso del tiempo, la falta de elementos probatorios para demostrar la mala fe de compradores de las tierras usurpadas, el valor insuficiente desde el punto de vista jurídico del informe de la CVJ, entre otros. Hína y E’a ponen a disposición de la ciudadanía el documento a través de este enlace. 

Para el abogado Alberto Alderete, expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), el documento de la PGR “fue hecho de forma muy ligera y con serias equivocaciones de carácter jurídico”. De acuerdo con el criterio del jurista, quien actualmente es profesor de derecho agrario y ambiental en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Asunción, es inadmisible que este organismo sostenga que el Estado paraguayo tenga el marco legal como obstáculo para recuperar tierras que le pertenecen y que le fueron usurpadas.

Alderete esgrime que los actos jurídicos nulos no prescriben, que la PGR posee legitimación para reclamar las tierras y que es imposible presuponer la buena fe de los compradores, ya que estas tierras se originaron en un robo al Estado. Respecto al valor jurídico del informe de la CVJ, el extitular del INDERT resalta que el informe no puede hacer el trabajo de la PGR y que con esos datos la procuraduría debería poder trabajar. Debería. 

Lo cierto es que, a 33 años de la caída de Stroessner, las tierras malhabidas se mantienen intactas en gran medida. La PGR lleva casi tres lustros sin mostrar resultados, amén de que resguarda información pública, tal como lo demuestra la respuesta a este pedido en el Portal Unificado de Transparencia Pública. El derecho a la intimidad de las partes litigantes supone mayor interés para la PGR que el acceso de la ciudadanía a documentos públicos. 

El problema de las tierras malhabidas es enmarcado así por el organismo encargado de velar por el patrimonio público como una cuestión entre partes privadas y no como un asunto de Estado.

Hecha la ley, hecha la trampa

Alicia Amarilla, de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), cree que las leyes sí son un engaño. En su experiencia, hay una trampa permanente, un apilamiento de gestiones y documentos, unos encima de otros, que durante décadas se amontonan sin llegar a ninguna parte. Por eso está convencida de que la ley sí se tiene que cambiar.

El economista Luis Rojas, investigador del Centro de Estudios Heñói, también opinó que la experiencia ha demostrado que la recuperación de tierras a través de procesos judiciales o administrativos, es muy difícil. “El nivel de corrupción en el Poder Judicial, el sometimiento de jueces y fiscales al poder económico y político han impedido la recuperación de las tierras malhabidas. No hay un Poder Judicial independiente que pueda impulsar procesos de recuperación con objetividad, con legalidad. Es un Poder Judicial altamente corrompido y susceptible a funcionar en base a presiones económicas y políticas”, expresó Rojas. 

Alderete coincidió. “Lo que pasó probablemente en los actos interlocutorios que han dictado los jueces en la primera instancia en lo civil y comercial, ha sido en gran parte por actos de corrupción”, afirmó el jurista en referencia a los 5 casos perdidos por el Estado paraguayo, mediante las cuales las tierras usurpadas fueron legitimadas. 

La dirigenta campesina Alicia Amarilla ilustra cómo para los campesinos en búsqueda de tierra, los destinatarios legítimos de la reforma agraria -es decir, quienes debieron haber sido los beneficiarios de las tierras públicas usurpadas durante la dictadura-, los trámites se multiplican, se reinician, se extravían mientras los papeles forman pequeños edificios a lo largo de los años. “La ley no nos garantiza que podamos obtener tierra en forma legal”, dijo. El entramado jurídico se interpreta y se reinterpreta de manera continua, con mecanismos nuevos que se proponen para insistir en alguna salida institucional que luego queda inmovilizada.

Tal es el caso de la última propuesta para una comisión nacional para el estudio de los mecanismos de recuperación de tierras malhabidas, identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, abordado por el medio E’a en la segunda parte de esta miniserie. Una propuesta de comisión a 14 años de otra comisión.

Para la dirigenta de Conamuri, una comisión podría ser un arma de doble filo, otro instrumento para blanquear las tierras malhabidas si este no promueve la participación de organizaciones campesinas. 

Las presas del engaño de la institucionalidad

El académico canadiense Kregg Hetherington de la Universidad de Concordia de Canadá comparte el escepticismo de Alicia Amarilla.

Hetherington lleva décadas estudiando el proceso democrático paraguayo. En uno de sus libros, “Auditores Campesinos : transparencia, democracia y tierra en el Paraguay neoliberal”, introduce la tesis del engaño de la institucionalidad en lo que respecta al problema de la tierra en el país. 

El académico explicó que la implementación de recetas enfocadas en la creación de leyes, mecanismos institucionales y documentos sin abordar las injusticias subyacentes en Paraguay se traduce, en la práctica, especialmente para los sectores más débiles como el campesinado, en una constante multiplicación de círculos viciosos de papeles y burocracia que fallan en el rescate de estas tierras usurpadas. Es decir, durante el periodo de la postdictadura se implementaron reformas de corte neoliberal que no hacen sino reproducir injusticias. 

En conversación con Hína y E’a el académico mencionó la existencia de una burbuja cuasilegal y cuasiinstitucional enmarcada en la corrupción, una trampa que engaña a muchos sectores haciendo creer que esta reparación histórica es fácil y es posible a través de la existencia de la justicia, proyectos anticorrupción o más estudios.

Cómo salir del callejón sin salida

Hetherington indicó que es importante distinguir que la recuperación de tierras malhabidas en Paraguay constituye un proyecto político antes que uno jurídico.“El problema no es la falta de papeles o leyes. Es la distribución de tierras entre grandes y pequeños. Al perder de vista esto se frustra la posibilidad de llegar a una justicia verdadera en el campo”, dijo. 

El Estado paraguayo está cautivo en una maraña jurídica; un enredo que no termina de deshacerse desde hace décadas, tejido por manos poderosas que controlan los diferentes hilos de las instituciones públicas. Los perjudicados son los más débiles: las familias paraguayas del campo, los pequeños productores, los pueblos indígenas, todos víctimas de persecuciones, desalojos y asesinatos. 

Un día antes de la publicación de este artículo el Estado, a través del Poder Judicial, respondió tal como lo viene haciendo desde hace décadas a los legítimos reclamos del campesinado: la imputación de sus dirigentes. El proceso de construcción de la democracia se muestra frágil en un contexto de extrema desigualdad en la tenencia de la tierra, donde pocos tienen demasiado, y muchos, muy poco.

Alderete esgrime que los actos jurídicos nulos no prescriben, que la PGR posee legitimación para reclamar las tierras y que es imposible presuponer la buena fe de los compradores, ya que estas tierras se originaron en un robo al Estado. Respecto al valor jurídico del informe de la CVJ, el extitular del INDERT resalta que el informe no puede hacer el trabajo de la PGR y que con esos datos la procuraduría debería poder trabajar. Debería. 

Lo cierto es que, a 33 años de la caída de Stroessner, las tierras malhabidas se mantienen intactas en gran medida. La PGR lleva casi tres lustros sin mostrar resultados, amén de que resguarda información pública, tal como lo demuestra la respuesta a este pedido en el Portal Unificado de Transparencia Pública. El derecho a la intimidad de las partes litigantes supone mayor interés para la PGR que el acceso de la ciudadanía a documentos públicos. 

El problema de las tierras malhabidas es enmarcado así por el organismo encargado de velar por el patrimonio público como una cuestión entre partes privadas y no como un asunto de Estado.

Hecha la ley, hecha la trampa

Alicia Amarilla, de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), cree que las leyes sí son un engaño. En su experiencia, hay una trampa permanente, un apilamiento de gestiones y documentos, unos encima de otros, que durante décadas se amontonan sin llegar a ninguna parte. Por eso está convencida de que la ley sí se tiene que cambiar.

El economista Luis Rojas, investigador del Centro de Estudios Heñói, también opinó que la experiencia ha demostrado que la recuperación de tierras a través de procesos judiciales o administrativos, es muy difícil. “El nivel de corrupción en el Poder Judicial, el sometimiento de jueces y fiscales al poder económico y político han impedido la recuperación de las tierras malhabidas. No hay un Poder Judicial independiente que pueda impulsar procesos de recuperación con objetividad, con legalidad. Es un Poder Judicial altamente corrompido y susceptible a funcionar en base a presiones económicas y políticas”, expresó Rojas. 

Alderete coincidió. “Lo que pasó probablemente en los actos interlocutorios que han dictado los jueces en la primera instancia en lo civil y comercial, ha sido en gran parte por actos de corrupción”, afirmó el jurista en referencia a los 5 casos perdidos por el Estado paraguayo, mediante las cuales las tierras usurpadas fueron legitimadas. 

La dirigenta campesina Alicia Amarilla ilustra cómo para los campesinos en búsqueda de tierra, los destinatarios legítimos de la reforma agraria -es decir, quienes debieron haber sido los beneficiarios de las tierras públicas usurpadas durante la dictadura-, los trámites se multiplican, se reinician, se extravían mientras los papeles forman pequeños edificios a lo largo de los años. “La ley no nos garantiza que podamos obtener tierra en forma legal”, dijo. El entramado jurídico se interpreta y se reinterpreta de manera continua, con mecanismos nuevos que se proponen para insistir en alguna salida institucional que luego queda inmovilizada.

Tal es el caso de la última propuesta para una comisión nacional para el estudio de los mecanismos de recuperación de tierras malhabidas, identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, abordado por el medio E’a en la segunda parte de esta miniserie. Una propuesta de comisión a 14 años de otra comisión.

Para la dirigenta de Conamuri, una comisión podría ser un arma de doble filo, otro instrumento para blanquear las tierras malhabidas si este no promueve la participación de organizaciones campesinas. 

Las presas del engaño de la institucionalidad

El académico canadiense Kregg Hetherington de la Universidad de Concordia de Canadá comparte el escepticismo de Alicia Amarilla.

Hetherington lleva décadas estudiando el proceso democrático paraguayo. En uno de sus libros, “Auditores Campesinos : transparencia, democracia y tierra en el Paraguay neoliberal”, introduce la tesis del engaño de la institucionalidad en lo que respecta al problema de la tierra en el país. 

El académico explicó que la implementación de recetas enfocadas en la creación de leyes, mecanismos institucionales y documentos sin abordar las injusticias subyacentes en Paraguay se traduce, en la práctica, especialmente para los sectores más débiles como el campesinado, en una constante multiplicación de círculos viciosos de papeles y burocracia que fallan en el rescate de estas tierras usurpadas. Es decir, durante el periodo de la postdictadura se implementaron reformas de corte neoliberal que no hacen sino reproducir injusticias. 

En conversación con Hína y E’a el académico mencionó la existencia de una burbuja cuasilegal y cuasiinstitucional enmarcada en la corrupción, una trampa que engaña a muchos sectores haciendo creer que esta reparación histórica es fácil y es posible a través de la existencia de la justicia, proyectos anticorrupción o más estudios.

Cómo salir del callejón sin salida

Hetherington indicó que es importante distinguir que la recuperación de tierras malhabidas en Paraguay constituye un proyecto político antes que uno jurídico.“El problema no es la falta de papeles o leyes. Es la distribución de tierras entre grandes y pequeños. Al perder de vista esto se frustra la posibilidad de llegar a una justicia verdadera en el campo”, dijo. 

El Estado paraguayo está cautivo en una maraña jurídica; un enredo que no termina de deshacerse desde hace décadas, tejido por manos poderosas que controlan los diferentes hilos de las instituciones públicas. Los perjudicados son los más débiles: las familias paraguayas del campo, los pequeños productores, los pueblos indígenas, todos víctimas de persecuciones, desalojos y asesinatos. 

Un día antes de la publicación de este artículo el Estado, a través del Poder Judicial, respondió tal como lo viene haciendo desde hace décadas a los legítimos reclamos del campesinado: la imputación de sus dirigentes. El proceso de construcción de la democracia se muestra frágil en un contexto de extrema desigualdad en la tenencia de la tierra, donde pocos tienen demasiado, y muchos, muy poco.

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