PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y USO DE CANNABIS

Cannabis: “Si te registrás en la comisaría, ya no hay problema para cultivar marihuana”

El cultivo de marihuana alimenta a miles de familias agricultoras, pese a la coima de las instituciones policiales y judiciales y a ser un gran negocio de los cárteles

Escribe: Arístides Ortiz Fotografía: Santi Carneri

22/08/22

“Ápeko rehohápe retopáta marihuana” (En este lugar donde vayas encontrarás marihuana), dice Bonifacio Peralta (nombre ficticio), mientras mira muy de cerca, como hipnotizado, una de las plantas sembradas en línea, toca cuidadosamente sus flores y arranca algunas de sus hojas.

El agricultor de cannabis detalla que cada cultivador de su zona registra en la comisaría policial local su nombre y apellido, el lugar exacto donde está su parcela y en qué fecha inicia la siembra; cuatro meses después —añade—, cosechado y vendido el producto final, deberá abonar aquí una coima de 2 millones de guaraníes, unos 295 dólares, que se repartirá entre las unidades de investigación y antinarcóticos de la Policía Nacional y el comisario local.

“Rejeregistrárõ comisaríape, ndaiporivéima problema ñemityrã” (Si te registrás en la comisaría, ya no hay problema para cultivar), cuenta Peralta, para luego enfatizar con gravedad: «…Nderejeregistráirõ katu, oú katúetei intervención policial ha plantación jehapy» (Pero si no te registrás, viene con seguridad la intervención policial y la quema de la plantación —de cannabis). 

En un punto de la Zona Norte

En un punto de la larga frontera entre los departamentos de San Pedro y Amambay, a escasos kilómetros del distrito de Santa Rosa del Aguaray, hay un pedazo de tierra de 25 metros de ancho y 40 de largo; una pequeña parcela donde van creciendo, verdes, con un aroma dulzón penetrante, recargadas de flores, las plantas de cannabis de Bonifacio Peralta.

Es un pedazo de tierra en la denominada Zona Norte, un territorio de mala fama en el que caben muy juntos los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay; está a no más de 65 kilómetros de la frontera seca con Brasil, una larga y porosa línea de 438 kilómetros por el que cruza todo tipo de productos ilegales.

La tierra es de este agricultor de unos 40 años, de piel morena curtida por el sol y padre de una familia de tres miembros que cultiva marihuana en la clandestinidad; este que arranca una maleza con las manos y dice: “Chéve guarã ningo la marihuana peteĩ producto agrícola-nte, pero ohejavéva ganancia otro producto-gui” (Para mí, la marihuana es un producto agrícola más, pero que deja más ganancia que otros productos).

Además del cannabis, cultiva sésamo, mandioca, chía, poroto y maní en las 14 y media hectáreas de tierra que posee. A no más de 1000 metros de sus plantaciones está su casa, en la que vive con su esposa y sus dos hijos. Cuenta que ambos son estudiantes universitarios y que sus estudios le demandan mucho gasto. Reitera que, si bien cultiva varios productos, la renta que le deja el cultivo de cannabis hace la diferencia en su economía. 

Peralta es apenas uno de miles de agricultores que, de acuerdo a muchos indicadores que se pueden observar en las zonas rurales del país, cultivan marihuana en casi todos los departamentos, aunque concentrados en alta cantidad en la Zona Norte, Canindeyú y los departamentos chaqueños Boquerón y Alto Paraguay. Datos oficiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) indican que, entre el 2012 y el 2021, en estos departamentos se identificaron y destruyeron 13.955 hectáreas de plantaciones de cannabis, más del 90% de las destruidas en todo el territorio del país, una extensión que equivale a 20 mil manzanas de una ciudad.

Los miles de cultivadores clandestinos de cannabis como Peralta podrían ser penados y encarcelados hasta 15 años por la Ley 1340, “Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas”, una legislación cuya última versión fue promulgada en 1988, durante la dictadura de Stroessner.  Aunque no existen datos oficiales, se estima que hay centenares de agricultores privados de su libertad en las penitenciarías del país como consecuencia de los frecuentes allanamientos de parcelas y destrucción de plantaciones de cannabis ejecutados por la Senad y los efectivos militares.   

“¡Cómo la gente no va a cultivar marihuana!”

Con ese guaraní en el que el castellano gana cada vez más palabras, Cleto Ramírez (nombre ficticio) habla de la geografía, la población y la economía de la Zona Norte, la que conoce como la palma de su mano. Este hombre de baja estatura, de sonrisa fácil y de barriga pronunciada, que vive hace casi 20 años en este suelo colorado de bosques depredados por la soja, es un productor mediano de maíz, poroto, mandioca y sésamo, pero no de cannabis. «Nañemitỹi pórque icomplicadoiterei…«(No lo cultivo -el cannabis- porque es muy complicado…), explica.

“La oñevende vove la cosecha de marihuana koárupi, oĩ la plata ha la gente ojoguá ha o-consumí la pueblo rupi” (Cuando se vende la cosecha de marihuana por estos lugares, hay plata, y la gente compra y consume en su localidad), explica Ramírez. Cuenta que los almacenes, las estaciones de servicio, las peluquerías, los bares y las carnicerías de los centenares de pequeñas localidades asentadas a lo largo de las fronteras entre San Pedro, Amambay y Concepción venden mucho más sus productos en tiempos de cosecha de cannabis, sencillamente porque la gente tiene más dinero para gastar, añade. Cada cuatro meses (lapso de cosecha del cannabis) y en dos o tres ocasiones en un año —narra Ramírez— vibra la microeconomía de las poblaciones de la Zona Norte.    

Ramírez explica lo que sabe mejor que muchos: Por cada kilo de mandioca que un campesino vende, gana 50 guaraníes, y lleva, desde la siembra hasta la cosecha, un año y cuatro meses de trabajo para venderla. Para ganar 500.000 guaraníes, debe vender 10.000 kilos de mandioca. En cambio, el agricultor de cannabis gana 30.000 guaraníes vendiendo 1 kilo de su flor seca. Si vendiera solo 500 kilos, se embolsaría 15 millones de guaraníes. “¡Mba’éicha piko upéicharõ lo mitã no ñoty moãi la marihuana!” (Si es así, ¡cómo la gente no va a cultivar marihuana!), exclama Ramírez. Este mismo ejemplo —dice—, variando un poco los montos, puede aplicarse al tomate, a la chía o al sésamo comparados con la renta superior que el cannabis deja al agricultor.

Mientras recorre las calles de uno de los tantos poblados en la frontera entre Amambay y San Pedro Norte en su destartalado vehículo, Ramírez cuenta que ahí, enfrente de esa casa grande con murallas altas, fue acribillado su dueño, un conocido acopiador de cannabis de la zona; allá —indica moviendo la cabeza— en ese baldío fue encontrado el cuerpo sin vida de un policía que estaba metido con el PCC (Primer Comando Capital), el que castiga con la muerte a los soplones que filtran información sobre el negocio y a los que se quedan con los cargamentos de cocaína o marihuana de la organización criminal.  

El “Conqui” de Peralta

El territorio cannábico de 25 x 40 metros de diámetro expide un aroma dulzón potente. Un aroma que impregna la ropa, todo el cuerpo e invade con intensidad las fosas nasales hasta picar. Peralta está acostumbrado al aroma, aunque no es usuario. “Che nda pitái… añotymínte” (Yo no fumo… solo cultivo), informa con tono serio, como queriendo tomar distancia de la fea reputación de lo que cultiva.  

Mientras cuenta los cuidados que requiere su cultivo, Bonifacio Peralta extrae semillas de las flores y cercena las hojas amarillentas de una planta. Dice que está casi lista para que entre en la etapa de secado. Peralta informa que si el acopiador encuentra semilla masculina en las flores secas que le ofrece, las rechaza. “Arriéroicha, ndo producíri mba’eve…” (Como los hombres, no producen nada…”), suelta una broma sonriendo. Y agrega que la flor es la que contiene el psicoactivo THC (Tetrahidrocannabinol).  Es la sustancia que “coloca”, “hace viajar” o “relaja” a los usuarios del cannabis recreativo, según sus experiencias. 

“Kóa héra Conqui. Kóa la ojepotavéva” (Este se llama Conqui. Este es el que más se quiere), comenta el productor amambaiense.  Las opiniones de usuarios y expertos en cannabis consultadas concluyeron que el nombre “Conqui” es una adaptación lingüística de los agricultores de la zona que proviene de la palabra “Skunk”, un híbrido genético adaptado a los suelos de las regiones americanas. Peralta cuenta que le dijeron que la semilla viene de Colombia, y que se vende a buen precio por el efecto que provoca su alto nivel de THC.

El agricultor revela que el Conqui es su producto estrella: De esa pequeña parcela cosechará 20 kilos de flor, la venderá a 700 mil guaraníes el kilo, unos 103 dólares, que le dejará 14 millones de guaraníes, unos 2060 dólares, en 4 meses; de este total restará unos 4 millones de guaraníes para el pago a dos jornaleros y 2 millones de la coima para la comisaría policial local.  De esa cosecha quedarán finalmente en su bolsillo 8 millones de guaraníes, unos 1.180 dólares.   

Al lado de esta parcela hay otra de siembra reciente cuyas plantitas verde claro crecen lentamente. Es de aproximadamente media hectárea. “Kóa hína la marihuana común” (Esta es la marihuana común), explica Peralta. Es la marihuana conocida como “la paraguaya”, la que, con el Skunk, se consume en grandes cantidades en Brasil y, en mucho menor cantidad, en Argentina, Uruguay y Chile. Su precio oscila entre 10.000 y 30.000 guaraníes el kilo (entre 2 y 5 dólares). Son prensadas en forma de ladrillo; son las que frecuentemente la Senad incauta y expone públicamente a través de los medios: Un montón de marihuana, el rostro cubierto y las manos esposadas de un productor, el logo institucional de la Senad como telón de fondo y las caras serias de militares o agentes antinarcóticos.

El productor de cannabis levanta de repente la mirada hacia el norte. Aquella parcela de una hectárea que está allá a más o menos un kilómetro —dice apuntando con el brazo derecho— está siendo fumigada con herbicida previo al cultivo de la marihuana común. Es suya y pronto comenzará a sembrar en ella con la ayuda de los jornaleros. Cuatro meses después vendrán los “secretarios” del PCC de Capitán Bado, Ciudad del Este o Santa Rosa del Aguaray a comprar la cosecha. Llevarán las flores prensadas (la común) y en pequeñas bolsitas de polietileno selladas (la Conqui) a las grandes instalaciones de acopio asentadas en ambos márgenes de la línea fronteriza que divide a Paraguay de Brasil, instalaciones administradas por los grandes acopiadores que trabajan para el cartel brasileño.  

“La quema de cosecha trae perjuicios económicos”

Cleto Ramírez lamenta las incursiones que la Senad realiza cada semana en los distritos de la Zona Norte. Queman plantaciones de cannabis o incautan cosechas o capturan a algún intermediario con los productos terminados. Cada vez que esto ocurre, hay familias de agricultores que se quedan con menos pan en la mesa, se queja.  “La cosecha jehapy oru perjuicio económico koárupi” (La quema de cosecha trae por aquí perjuicios económicos), dice con tono sombrío.   

Eulalio López, un dirigente social de 30 años de militancia en el movimiento campesino, confirma el impacto de las incautaciones y quema de plantaciones de marihuana en la economía de los productores de cannabis. López es miembro de la Asociación de Desarrollo Comunitario Agüerito, la que organiza y da vida jurídica a las cerca de 260 familias agricultoras que viven en el Asentamiento Agüerito. En la misma entrada al asentamiento, sobre la ancha calle de tierra aplanada que lo vertebra, se ve el primer vivero de plantas de cannabis medicinal propiedad de pequeños productores del campo. Este desafío se vale de la Ley 6007/17, “que legaliza el estudio, la investigación médica y la producción de la planta de cannabis y sus derivados”, pero como la asociación comunitaria aún no tiene la licencia ni la aprobación de ensayos agronómicos para la producción del cannabis medicinal, al inaugurar el vivero realizaron un acto público difundido por los medios para autodenunciarse y exigir al Poder Ejecutivo celeridad en la aplicación de la ley citada.  

“Hoy hay una cantidad importante de familias campesinas dedicadas a la pequeña producción que cultiva cannabis”, afirma López en su casa de Agüerito, uno de los pocos asentamientos rurales exitosos en la agricultura familiar, fruto de las expropiaciones de tierra en los ’90. Agüerito está asentado en el norte de San Pedro, a escasos 10 kilómetros de la frontera con Amambay.

En su búsqueda de un producto que les deje renta -explica López-, las familias agricultoras encontraron el cannabis y empezaron a cultivarlo. Pero, aunque deja más renta que otros productos agrícolas tradicionales, “la policía y la fiscalía, que cobran altas coimas, y los cárteles del narcotráfico son los que se quedan con la mayor parte de la renta de la marihuana”, sentencia el dirigente.   

Otro que conoce los pelos y señas de la frontera entre San Pedro Norte y Amambay es Andrés Demp, un empresario agrícola del municipio de General Resquín, miembro de la Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial.

Demp tampoco tiene dudas de que, con cada incautación o destrucción de plantaciones de cannabis, una parte de la economía del campo se resiente. Como argumento, el empresario saca con rapidez y precisión un hilo de números e informaciones: Si fuera cierto lo que se observa y se  presume, que 20 mil hectáreas de cannabis se cultivan en Paraguay, entonces, una hectárea de cannabis arrojaría un promedio de 1000 kilos de flores en una cosecha; serían 20 mil kilos de flores producidas en 20 mil hectáreas, con un precio mínimo de 200 dólares el kilo en el mercado del cáñamo (cannabis no psicoactivo), lo que a su vez serían 4 millones de dólares en total. Pero como el promedio de cosechas anuales son dos, el movimiento de dinero que generaría sería alrededor de 8 millones de dólares. Las 20 mil hectáreas citadas por Demp tienen como fuente un estudio de la Senad realizado en el 2012. 

“Pero al pequeño productor solo se le paga un promedio de 5 dólares por 1 kilo de cannabis. ¿Quién se lleva la diferencia entre el precio del mercado y el precio pagado al pequeño productor?”, se pregunta el empresario. La respuesta es —dice— los cárteles que trafican el cannabis ilegal y los funcionarios de la policía y la justicia que cobran coimas a los agricultores, “en vez de que se los queden los productores, el Estado a través de impuestos y los empresarios e industriales formales”, agrega.

Como Demp, en esta economía real del cannabis también está interesada la Cooperativa Agronorte del municipio de Guayaybí de San Pedro. Rolando Chávez, gerente de Agronorte, habla de este interés en la sede de su cooperativa. Reconoció que hay familias de San Pedro que cultivan cannabis. Contó los esfuerzos que están realizando ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería para obtener la autorización que les permita importar semillas de cáñamo, ensayarlas agronómicamente, cultivarlas, industrializarlas y exportarlas, de acuerdo con la Ley 6007 y el Decreto 2725 “Que establece las condiciones generales para la producción del cáñamo industrial”.

“Nuestra cooperativa tiene 532 socios, pequeños productores de productos tradicionales. Si obtuviéramos la licencia de explotación del cáñamo, nuestros socios tendrían un rubro que profesionalizará el cultivo, elevará la productividad y la renta de sus producciones y generará empleo con la industrialización del cáñamo”, comenta Chávez.  

El “peluquero” de las flores

Peralta está parado en su pequeña parcela mirando atentamente su plantación. El cielo matinal cargado de nubes negras y grises después de una copiosa lluvia da un tono sepia a la vegetación circundante. Sube a la camioneta y sigue la huella de dos líneas que atraviesa los arbustos. Se acerca a un precario rancho de techo de paja, paredes de madera y piso de tierra, frente al cual estaciona su vehículo. Del interior del rancho sale un hombre con cierto aire de desconfianza de aproximadamente 60 años, de cabello blanco y en zapatillas. 

“Kóa ha’e la ore peluquero hína” (Este es nuestro peluquero), lo presenta sonriendo Peralta. Es él quien corta con tijera el tallo, las ramitas y las hojas y limpia de semillas las espigas secas de cannabis para que solo queden las flores, listas para ser prensadas o cargadas en pequeñas bolsas de plásticos y entregadas a los intermediarios de los grandes acopiadores. Dentro del rancho se ven espigas de marihuana Skunk, colgadas de un fino alambre que se extiende de pared a pared, en pleno proceso de secado. Las “Conqui” deben secarse en la sombra, protegidas del sol, porque este debilita el THC que contienen las flores, explica Peralta. 

“Un día de trabajo-pe apeluqueá medio kilo” (En un día de trabajo peluqueo medio kilo), cuenta el hombre, quien sonríe al entrar en confianza. Es que preparar las flores de cannabis listas para ser vendidas, es una tarea lenta, cuidadosa y exigente, para que el intermediario no las rechace.

Peralta sale en la camioneta de la finca por un camino de tierra aplanada.

Señala con la cabeza y dice: Aquella camioneta 4×4 plateada y reluciente es de uno de los secretarios del PCC; este camino de la derecha —indica con la mano derecha— lleva a una pequeña instalación donde se prensan flores de marihuana. Pero a Peralta no le preocupa el PCC, lo que le preocupa hace tiempo es que la policía le anunció que duplicaría sus coimas: de 2 millones a 4 millones de guaraníes. Si se cumple el anuncio, Bonifacio no sabe si continuará con el cultivo de cannabis, porque ya le dejaría muy poca ganancia.

Este proyecto/documental/investigación/podcast fue producido gracias al apoyo del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas de la Fundación Gabo.

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