PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y USO DE CANNABIS

Cannabis medicinal: Lenta implementación de la ley obliga a miles de pacientes a tratamientos en la clandestinidad

Ninguno de los 13 laboratorios farmacéuticos con licencia cultiva cannabis en el país. El Ministerio de Salud solo reconoce dos patologías para la distribución gratuita del medicamento. No hay una sola investigación agronómica de la planta.

Lo que fue el invernadero de cannabis medicinal de “Granja Madre” que estaba en Luque, propiedad del empresario Juan Carlos Cabezudo. La Senad allanó y decomisó el invernadero a inicios del 2021 valiéndose de la Ley 1340.

Marina Frutos, de 60 años, sufre de fibromialgia, una enfermedad que causa dolor generalizado en todo el cuerpo, agotamiento profundo y hasta alteraciones cognitivas.  Su estado de salud, cuenta, la llevó a consumir cerca de 30 medicamentos farmacológicos al día.

Cuando fue diagnosticada aún ejercía la docencia y debía pagar reemplazante; la enfermedad la tenía en cama. La mujer es madre soltera y su única hija se encargaba de cuidarla. La demanda económica del tratamiento la dejó con muchas deudas.

El anhelo por mejorar su calidad de vida la motivó a investigar sobre la enfermedad, hasta que supo de las propiedades del cannabis. En el 2018 contactó con una persona que elaboraba el aceite hecho a base de las flores de la planta. Empezó con una gota sublingual y poco a poco, recuerda, sintió alivio del dolor en el cuerpo, hasta que gradualmente fue reemplazando los medicamentos farmacológicos.

“El primer paso fue que pude mantener el equilibrio, porque antes iba caminando por la calle y sentía un dolor que parecía que se rompía mi hueso y me caía. No podía viajar más en colectivo y tenía que manejarme en taxi”, recuerda la docente.

La fibromialgia, relata, le afectó hasta el área neuronal y asegura que con el cannabis recuperó nuevamente la memoria. “Entraba a la sala de clase y seguir un contenido me era muy difícil”, dice.  Hoy, ya jubilada, Marina vuelve a las aulas como reemplazante, con lucidez y a los 60 años de edad. Dice que vuelve a sentirse útil.

Conseguir permanentemente el aceite de cannabis, sin embargo, es un desafío y hasta un riesgo, ya que es en la clandestinidad. La reglamentación de la Ley 6007, sobre cannabis medicinal, habilita solo a los laboratorios farmacéuticos con licencia a producir medicamentos. Por esta razón, Marina debe reducir la dosis en épocas en que no consigue rápidamente el aceite. “Si ingiero bien cuatro días, puedo dejar otros cuatro días; luego mi cuerpo es como que me avisa que necesita y comienzan nuevamente los dolores”, comenta la mujer.

La normativa establece que la donación del cannabis medicinal que las empresas con licencia están obligadas a realizar será de hasta el 2% del producto final. De esta donación se beneficiarán las personas inscriptas en el Registro Nacional de Usuarios de Productos Derivados del Cannabis. Actualmente, para la inscripción solo se reconocen dos patologías: Epilepsia refractaria y esclerosis múltiple.

Pero el diagnóstico de Marina no se encuadra dentro de las patologías reconocidas por el Ministerio de Salud Pública para acceder gratuitamente al medicamento a base de cannabis.

Marina Frutos lee el formulario que un paciente debe llenar para inscribirse en el Registro Nacional de Usuarios de Productos Derivados del Cannabis. Foto de Karina Godoy.

“Ya para la inscripción está la traba, porque pide que para ello se tenga la firma de un médico; pero si el doctor no tiene una universidad (que haya investigado) que le garantice el tratamiento de la fibromialgia con cannabis, no va a querer firmar, porque puede ir preso”, señala la docente mientras muestra el formulario, que no puede llenarlo por la falta del respaldo médico.

Al igual que Marina, miles de pacientes con distintas afecciones tienen el mismo inconveniente que les impide un tratamiento respaldado por el sistema sanitario de Paraguay. Al igual que ella, miles se tratan en la clandestinidad.

Escasos inscriptos en el Registro Nacional

Maida Escurra, presidenta de la Asociación Paraguaya de Personas con Artritis Reumatoidea y Afines (Appra), señala que solo en su agrupación se encuentran cerca de 5.000 pacientes, de los cuales el 80% espera que sus patologías sean también reconocidas para acceder al programa nacional.

Los integrantes del Appra afirman que hasta ahora evitan usar el medicamento a base de cannabis, o quizá no lo admitan por temor a las persecuciones.

“Desde el 2015 venimos apoyando el uso medicinal del cannabis y pedimos que se estudie. Vemos que no hay una intención verdadera, no sé si son intereses de la industria farmacéutica. Creemos que no hay voluntad”, sentencia Escurra.

María Antonieta Gamarra, titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), ente que es la autoridad de aplicación para el cannabis medicinal, afirma que, ante estos pedidos para que se amplíe la cantidad de patología para la inscripción en el registro, se encuentran en proceso de consulta con las sociedades médicas paraguayas de: pediatría, reumatología y psiquiatría.

En el Registro Nacional de Usuarios se encuentran inscriptos tan solo 107 pacientes y 10 profesionales médicos. La entrega gratuita de aceite de cannabis se realiza a 103 personas que padecen epilepsia refractaria y a 4 que sufren esclerosis múltiple.

Espiga de marihuana secándose colgada del techo de una casa de San Pedro. Es muy extendido en las zonas rurales del país el uso de hojas de marihuana machacada en liquido para dolores musculares y de hueso.

Aspecto legal

En el 2017 se promulgó la Ley 6007  “que crea el programa nacional para el estudio y la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”. Esta ley establece que la autoridad de aplicación es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) del Ministerio de Salud.  Otras instituciones involucradas en la coordinación de la trazabilidad son: el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Antes del 2017, el uso de la planta, en cualquiera de sus formas, estaba penalizado por imperio de la Ley 1340/88.

Pero la reglamentación de la nueva normativa, a través del decreto N° 9303/ 18, otorga la licencia para la producción con fines medicinales solo a laboratorios privados, quedando nuevamente fuera de la ley las asociaciones de familias que recurren al tratamiento de cannabis para diversas patologías.

Cynthia Farina, de la Asociación Mamá Cultiva Paraguay, que aglutina a cerca de 400 familias, comenta que promueven el autocultivo y el cultivo solidario con flores orgánicas para un acceso seguro y que el producto final sea lo más natural posible. “Pero tenemos la traba de que para la Ley 1340/88  nosotros somos narcos por tener una planta o un poco de flores para uso medicinal. Somos criminalizadas las familias que optamos por ese método de acceso”, añade.

Farina es una de las referentes que luchó por la promulgación de la ley de cannabis medicinal, normativa que, considera, hoy no les favorece aún.

 “Cuando escribimos el proyecto sí contemplaba el autocultivo, los cultivos colectivos solidarios y la distribución para la medicina. Pero cuando pasó por las distintas comisiones del Congreso se fueron eliminando esos párrafos. Solo se favoreció a los laboratorios”, expresa Cynthia.

En el 2019, las distintas asociaciones volvieron a trabajar en otro proyecto para delimitar el aspecto medicinal del cannabis frente al tráfico. Pero el Ejecutivo lo vetó.

La Secretaría Nacional Antidrogas y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) recomendaron el veto por considerar que la Ley N° 6602/2020  va en contra de la  Convención Única de Estupefacientes, firmada en 1961 en Nueva York.

Funcionarios técnicos de la Senad extraen hojas de una planta de cannabis para realizar estudios laboratoriales.

Sin embargo, en diciembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclasificó al cannabis y lo quitó de la lista IV, categoría de estupefacientes que compartía con otras drogas altamente adictivas como la heroína. Finalmente quedó en la Lista I, porque consideraron que su uso aún tiene riesgos y debe ser controlado.

“Hay intereses de la industria”

El doctor Hernán Codas, médico cirujano, presidente de la Sociedad Paraguaya de Trasplantes y miembro de la Sociedad Científica del Paraguay, destaca que el cannabis no es un estupefaciente sino un psicotrópico.  “El alcohol, el tabaco, los ansiolíticos, las drogas sintéticas y semisintéticas son mil veces más peligrosos que el cannabis”, afirma.

Codas considera que “hay intereses de la industria farmacéutica” que no quieren que se desarrolle el cannabis medicinal porque les restaría “clientes”.

 “El cannabis es un poderoso inmunoestimulante; un regulador de la homeostasia, que es el equilibrio, mejora la inmunidad. El problema es que un enfermo curado, es un cliente perdido. Así piensan los materialistas. Y como no se puede patentar ni tiene royalties no es interesante para el mercado”, asevera el doctor.

Cuestiona además que a nivel país solo se reconozcan dos patologías, cuando existen diversos estudios internacionales de las propiedades curativas del cannabis sobre muchas otras afecciones.

En un artículo científico de México denominado Uso medicinal de la Marihuana  se afirma que pueden ser tratadas personas con, por ejemplo: glaucoma, artritis reumatoide, VIH, alzhéimer, asma, cáncer, dolores crónicos de difícil control, enfermedad de Crohn, epilepsia, esclerosis múltiple, insomnio y Parkinson.

Falta de investigaciones

La Ley 6007 promueve el estudio y la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico o paliativo de cannabis y sus derivados para el tratamiento de enfermedades y afecciones en humanos.

En la realidad, no hay un solo estudio realizado. La directora de Dinavisa confirmó que no recibieron hasta el momento pedidos para autorizar protocolos de ensayos clínicos. “No hemos recibido solicitud formal con requisitos necesarios como para iniciar un ensayo”, aclaró.

Conferencia internacional sobre cannabis industrial (cáñamo) realizado en el salón de convenciones del Congreso Nacional el pasado 26 de julio. Muchas personas con enfermedades como Marina asistieron a la conferencia para reclamar celeridad en la implementación de las Ley 6007/17.

Dijo que se reunieron con referentes de la Facultad de Química de la Universidad Nacional de Asunción para trabajar en conjunto en los estudios y ensayos, información que no se pudo confirmar con las autoridades de la facultad.

En respuesta a una solicitud de información pública remitida por este medio, la Dinavisa indica que, además, se trabaja en colaboración con el doctor Marcos Casartelli, neuropediatra, en la elaboración del protocolo de investigación sobre el uso del aceite de Cannabis medicinal en niños con Epilepsia Refractaria, un tratamiento que se realiza en el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, como coadyuvante en el tratamiento.

“En este punto es importante aclarar que no fue hasta finales del año 2020, bajo la administración actual, que el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados, Proincumec, contó con un coordinador”, señala el informe de respuesta de Dinavisa.

Productores que pidieron no ser citados y que buscan acceder a la licencia para el cáñamo industrial, cuestionan la falta de investigación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuyo presidente es el empresario Eduardo Felippo, padre de Ariel Felippo, uno de los representantes del Consorcio Cannapar, que cuenta con una de las licencias para producir e industrializar el cannabis medicinal.

Por su parte, Ariel Felippo, quien es además presidente de la Cámara de Cannabis Medicinal, alega no tener influencias que impidan las investigaciones en Conacyt. Resaltó que los proyectos son evaluados incluso por      comisiones del extranjero. “No depende del presidente; ya terminó la dictadura hace mucho”, sentenció.

Plantación clandestina de cannabis en el departamento de Amambay.

Sin producción local

En febrero del 2020 se otorgó la licencia para producción e industrialización controlada del Cannabis a un total de 12 empresas. El último otorgamiento fue en mayo de este año al Laboratorio y Herboristería Santa Margarita.

Diseño de Andrés Peralta.

La base del programa se inicia con la importación de semilla y el cultivo, para posteriormente del crecimiento y floración extraer los cannabinoides, especifica la directora de Dinavisa.

Pero del total de 13 empresas ninguna cuenta con cultivo local. Mientras que tres de ellas: Lasca, Comfar e Improlabs importan y fraccionan el cannabidiol, conocido como CBD, uno de los dos componentes cannabinoides.

Al respecto, Farina indica que en Mamá Cultiva buscan que la producción sea lo más natural posible, razón por la que no utilizan los productos que los tres laboratorios comercializan actualmente.  “Queremos que no sean nuevamente moléculas aisladas, sintetizadas, sino todos los componentes de la planta”, explica.

La directora de Dinavisa sostiene que se permite la importación del cannabis medicinal por el largo proceso que implicaría la producción y, por otro lado, la urgencia de los pacientes. Sobre las demás empresas señala que pidieron prórroga por la supuesta traba en la importación de semillas.

El programa indica que las empresas deben comenzar con la importación de la semilla, el cultivo, la reproducción y extracción y, finalmente, la forma farmacéutica, en este caso el aceite.

Gamarra justifica que hasta que la planta haya crecido y pudieran hacer la extracción, se les permite realizar la importación del principio activo, específicamente el CBD, para concretar la entrega gratuita a los pacientes.

“Como lleva su tiempo todo el proceso de la importación de la semilla, el cultivo y la extracción de los cannabinoides, era imperiosa la necesidad de cumplir con los pacientes, que ya estaban solicitando”, expresa la directora de Dinavisa.

Los datos de la Organización Panamericana de la Salud describen que los preparados de cannabis suelen obtenerse de la planta Cannabis sativa femenina. La planta contiene al menos 750 compuestos químicos y unos 104 cannabinoides diferentes, que son compuestos derivados de la planta.

“Los principales cannabinoides presentes en la planta del cannabis son el 9-tetrahidrocannabinol (THC), el cannabidiol (CBD) y el cannabinol (CBN). El THC es el principal compuesto psicoactivo, el CBD un compuesto no psicoactivo, es el segundo cannabinoide. En general, en la planta se encuentra más concentrado de THC que de CBD”, describe el informe.

La importación de semillas

Las compañías con licencia para producir cannabis medicinal que no importan ni fraccionan el compuesto químico CBD, solicitaron prórroga a Dinavisa. Gamarra señala que el pedido se encuentra en proceso de revisión. El argumento de las empresas es que las características especiales de las semillas de Cannabis spp y la falta de antecedentes de su importación son una dificultad para la autorización del ingreso al país de las semillas, nutrientes y productos asociados necesarios para la producción.

El presidente de la cámara, Ariel Felippo, sostiene que el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) no autoriza porque no cuentan con un protocolo sobre la importación del cannabis por tratarse de una normativa nueva; por esto -dice Felippo- se encuentran en proceso de elaboración y consulta sobre reglamentaciones de otros países para ver cuál adaptar a nivel local.

“Hasta ahora no se han podido importar las semillas con el permiso del Senave. Estamos aguardando”, aclara Felippo.  

Pero técnicos del Senave, que pidieron no ser nombrados, afirman que los laboratorios sí pueden importar las variedades de semillas; lo que ocurre es que -arguyen- las pocas empresas que ya lo hicieron no cumplieron con todas las documentaciones de origen de la semilla que se exigen para autorizar el ingreso.

Un nuevo paso para el acceso

En el Congreso Nacional se llevó a cabo, a finales del mes de julio, la primera Conferencia Internacional sobre Cannabis Industrial; en ella también participaron diferentes asociaciones de pacientes que buscan acceder al cannabis medicinal de forma legal. El objetivo fue conformar una mesa de trabajo interinstitucional público–privada para la elaboración de una propuesta normativa en un plazo no mayor a 60 días.

Mientras el recorrido hacia la descriminalización aún parece largo, pacientes como la profesora Marina seguirán en la espera para acceder a una dosis justa y segura. Que le alivie el dolor, y también el temor.

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