ACUÍFERO PATIÑO

Los intereses económicos en el acuífero Patiño bloquean la implementación de la Ley de Aguas

Escribe: Arístides Ortiz Duarte Ilustra: Andrés Peralta

21/10/21

“Sería impracticable e incontrolable aplicar un canon por el uso de las aguas subterráneas en el país, porque aquí cualquiera perfora pozos y usa agua del acuífero…”.

El que pronuncia la sentencia es Ramiro Pangrazio, propietario de la marca de agua mineral Aguasul y presidente de la Cámara Paraguaya de Agua Mineral. A aquella afirmación, Pangrazio agregó: “…las instituciones del Estado como el Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) o el INAN (Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición) no tienen la capacidad institucional ni el presupuesto para controlar ni aplicar un canon…”.

Lo que Pangrazio no dijo es lo que días atrás afirmó a otro medio local: que extraer agua gratis del acuífero “ es un negocio interesante que comienza a ser rentable debido al masivo consumo y por la situación mundial de la necesidad del agua”; añadió que incluso “empresas del primer mundo apuestan a este tipo de inversiones en el Paraguay”, aludiendo a las empresas transnacionales que se registraron en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para explotar el agua dulce, ante su gratuidad y el casi nulo control estatal sobre los acuíferos.

Pero las que más explotan el Patiño embotellando sus aguas como agua mineralizada por su altísima rentabilidad son las pequeñas, medianas y grandes empresas paraguayas. Según el Listado de Marcas Registradas de Agua Mineral vigente hasta setiembre del 2021 en el INAN, entre el 2017 y este año se dispararon las firmas registradas: 77 nuevas empresas de agua mineral operan en el mercado, alcanzando un total de 166.

Pangrazio y su gremio son, sin embargo, apenas uno entre la multitud de actores económicos interesados en las aguas del acuífero Patiño: 9.328 fábricas e industrias en sus diversos tipos se asientan sobre su superficie en el departamento Central, según el Censo Económico Nacional 2011, el último dato oficial que se tiene. A estas industrias deben sumarse los extensos cultivos de frutas y hortalizas y los establecimientos ganaderos asentados en Central, que también extraen gran cantidad de agua del Patiño.

De mayor a menor, los que más agua subterránea usan son los cultivos agrícolas, los mataderos y frigoríficos de carne vacuna, las curtiembres, las destilerías, las papeleras y las embotelladoras de gaseosa, cerveza y agua. Por esta razón, los más grandes frigoríficos de carne vacuna se asientan, sedientas, sobre la superficie del Patiño. Lo mismo ocurre con las embotelladoras de gaseosa, agua mineral y cerveza.

La economía del agua

Según el Estudio de recursos hídricos y vulnerabilidad climática del acuífero Patiño, el consumo humano, las industrias, fábricas y la agroganadería extraen cada año 90.000 millones de litros de agua del acuífero; de este total, solo una pequeña cantidad es para consumo humano. Es agua gratis, pura y cristalina.

David Fariña, director de recursos hídricos del Mades, afirmó que, de acuerdo a la evaluación de impacto ambiental que este ministerio realiza a los proyectos industriales y fabriles, más del 80 por ciento de estos extraen agua del Patiño para su producción.

“Sin el agua del Patiño, estas industrias sencillamente no podrían producir ni funcionar”, subrayó José Silvero, director de hidrología e hidrogeología del Mades. Dicho en otras palabras por el hidrólogo Roger Monte Domecq, “el acuífero Patiño es estratégico para la economía de Asunción, de Central y todo el país”.

La UGP

La poderosa Unión de Gremios de la Producción (UGP) es otro de los actores económicos interesados en las aguas del Patiño y en todas las aguas subterráneas y superficiales del país. Es el actor que más agua usa porque sus miembros son grandes productoras agroganaderas: aglutina a toda la producción y la industria ganadera, a las cooperativas agropecuarias, al mayor gremio de empresarios de la soja y a las procesadoras de materia prima agrícola.

Salvo raras excepciones, todos los actores económicos comparten un interés común, desde el dueño de la aguatera de un barrio de Central, pasando por los horticultores hasta los grandes gremios empresariales: que el uso de las aguas subterráneas siga siendo gratuito. Aunque hay una diferencia entre estos usuarios industriales y comerciales del Patiño: la UGP es la única que tiene poder político para bloquear la implementación de la Ley 3239 de Recursos Hídricos (Ley de Aguas), promulgada en el 2007; comparadas a la UGP, gremios como la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) tienen escasa fuerza.

Esta ley, de implementarse, permitirá el inicio de un proceso de gestión integrada de los recursos hídricos subterráneos y superficiales de todo el país, ordenando y protegiéndolos para su buen uso y consumo. El único punto de la discordia es el artículo 46, inciso “d” de la ley, que dice: “Por el otorgamiento de la concesión (del uso del agua) se abonará un canon que será establecido sobre la base de la naturaleza de la inversión, el impacto sobre el recurso hídrico utilizado y la utilidad social del emprendimiento”.

“Es una ley traída de afuera”

Paraguay es un país agroexportador. En el 2020, sus principales productos, la soja y la carne vacuna, movieron 3.261 millones de dólares, según el BCP; con estos números, gobiernan el país. Quizá por esto Héctor Cristaldo, como presidente de la UGP, habla fuerte y firme. Porque no solo es escuchado, sino temido, sobre todo por los presidentes de la República que se sucedieron desde 1989.

“La Ley de Recursos Hídricos está desfasada porque hace ya 14 años que se promulgó. Esta ley debe ser cambiada…”, dijo con determinación en una entrevista telefónica. Y añadió: “La UGP ya planteó formalmente en el Consejo Asesor Agrario que esta ley no sirve…”, refiriéndose a la instancia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Miguel Lovera, ecólogo, expresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas (Senave) y actual miembro de la organización Iniciativa Amotocodie, conoce muy de cerca a los sectores empresariales del agro. “El Ministerio de Agricultura es un coto de la UGP. Aquí nada se hace sin el consentimiento ni la iniciativa de la UGP; incluso los ministros, en muchos casos, deben ser refrendados por la UGP”, afirmó Lovera.

Cristaldo asegura que la Ley de Recursos Hídricos es una ley traída de afuera, una ley que responde a otra realidad. “…Se trajo de Argentina, no va a funcionar en el Paraguay, que tiene otra realidad”, expresó.

En largas entrevistas no grabadas realizadas por Hína con funcionarios de las instituciones del Estado competentes en materia de agua, todos coinciden en que “la UGP es la que impide que la Ley 3239 se reglamente y se implemente, porque tiene una directa influencia sobre los presidentes de turno”. Y pidieron que sus nombres queden en el anonimato, porque acusar públicamente a la UGP significará la pérdida de sus cargos.

La tímida respuesta del Mades

Este medio intentó varias veces entrevistar al ministro del Mades, Ariel Oviedo, con resultados infructuosos. La obvia pregunta al ministro es por qué su actual administración no reglamenta la Ley de Recursos Hídricos y gestiona ante Mario Abdo Benítez la firma del decreto para que se empiece a implementar. Finalmente, Oviedo autorizó que el Mades emita una respuesta que sea asumida por la Dirección de Recursos Hídricos.

“Desde el 2008 se viene presentando la propuesta a la Presidencia y actualmente nuevamente el Mades se encuentra con un proceso de reuniones y diálogos técnicos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, atendiendo a que los mismos han manifestado interés en conocer y aportar en la construcción de la propuesta”, respondió el Mades, añadiendo que “es consciente de la importancia y complejidad de lo que implica la regulación de los recursos hídricos, y es necesario para ello un amplio consenso…”. Interpretado, el que decide sobre la reglamentación o no de la ley es el MAG.

Desde que se promulgó la ley en el 2007, han pasado por la extinta Secretaría del Ambiente tres ministros-secretarios. Sin rango ministerial, esta secretaría no tenía la atribución institucional de reglamentar la Ley de Aguas. A partir del 2018, año de la creación del Mades, con Oviedo como ministro, tiene esta atribución, pero ya pasaron tres años y medio sin que Oviedo cumpla con esta gestión.

Jorge Figueredo, especialista en temas ambientales y asesor de varios gremios, amplía la complejidad de una ley tan importante para proteger los recursos naturales del país, pero que no se implementa. “La gente, la ciudadanía, cree equivocadamente que el agua dulce es infinita, es eterna , razón por la cual no reclama ni presiona para que se la aplique”, explica.

Según la ONU, sólo el 3 por ciento de toda el agua de la tierra es dulce, bebible para consumo humano, el resto es agua salada. En los últimos 20 años en América Latina disminuyó la disponibilidad del agua dulce por el crecimiento de su población y por los efectos del cambio climático. El agua dulce es escasa y agotable.

Pobreza y corrupción en el Estado

Todos los actores económicos vinculados al agua entrevistados coinciden en que el Mades, el INAN y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) adolecen de fragilidad institucional, escasos presupuestos y corrupción. Estas deficiencias les impiden implementar una ley tan compleja como la de recursos hídricos.

Uno de los que opina así es el productor agrícola Albino Rivas, miembro de la Asociación de Productores Orgánicos, EcoAgro, de Areguá. Rivas es productor de hortalizas y frutas orgánicas, que las cultiva en una hectárea y media de tierra en las orillas del cerro Patiño.

El productor lamentó la muy mala experiencia que su organización tiene con el Mades, “con ingenieros corruptos y perezosos que no hacen bien su trabajo, pero que es un problema institucional, no es individual”, dice Rivas. Muy difícil sería que lideren la implementación de una ley tan importante como la de recursos hídricos, agregó.

“Nuestra asociación tiene un pozo artesiano de 100 metros de profundidad. Los quince miembros de la asociación extraemos agua de este pozo, por turno, durante dos horas cada uno. El uso es medido y controlado”, contó Rivas.

Él es consciente de que debe aplicarse un canon por el uso del agua subterránea, “pero se debe poner un precio acorde a la cantidad que cada sector agrícola o industrial usa”. “Nosotros no usamos mucha agua”, aclaró y señaló que está de acuerdo con el canon en estas condiciones.

La asociación de Rivas es una de las decenas de organizaciones de productores de frutas y verduras del departamento Central, un rubro agrícola muy extendido en la Región Metropolitana de Asunción, cuyo riego se realiza gracias exclusivamente a las aguas del acuífero Patiño. La agricultura es la que más consume agua dulce aquí y en todo el mundo: según la FAO, el 70 por ciento usa la agricultura, y el restante 30 por ciento la industria y el consumo humano.

Osvaldo Meza, propietario de la marca de agua mineral Cimes, tampoco está de acuerdo con la aplicación de un canon. Meza se pregunta cómo el Mades instalará medidores de uso de agua, diseñará y ejecutará un sistema de cobro y controlará a miles y miles de industrias, fábricas y establecimientos agrícolas y ganaderos que están asentados sobre el Patiño. “Simplemente no puede porque no tiene ni personal ni presupuesto suficiente”, afirmó.

Los números están a favor de lo que dice Meza: apenas el 0,06 por ciento (56.772 millones de guaraníes) del Presupuesto General de la Nación fue asignado al Mades en el 2020, un monto risible para un ministerio que debe tener cobertura nacional y afrontar los desafíos de los efectos del cambio climático. “Con los recursos que anualmente recibimos, hacemos lo que podemos, pero la verdad es que es muy difícil cumplir con todas las demandas”, dijo más resignado que reclamando David Fariña.

El que acusó al Mades de que su único interés es el dinero es Héctor Cristaldo: “Lo único que quiere el Mades es recaudar, cobrar por el agua y luego que se haga lo que se quiera con los recursos hídricos”, cuestionó, e intentó aclarar que es cierto que el factor económico, el cobro del canon por el uso del agua, incide, “pero es solo una de las tantas variables, no es la única en esta discusión de la implementación de la Ley de Recursos Hídricos”.

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